Lucio de la Nava, víctima que apoya la querella argentina contra el franquismo, relata el calvario en la cárcel que vivieron él y sus compañeros acusados sin pruebas de tratar de volar el Valle de los Caídos
"Echaban garbanzos en el suelo, te obligaban a ponerte de rodillas y se te echaban encima para que se te clavaran aún más". Esta práctica que relata el ex preso político Lucio de la Nava, de 73 años, es conocida por quienes pasaron por los calabozos de la antigua Dirección General de Seguridad, DGS, el mismo lugar que hoy alberga la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. En los sótanos del edificio del popular reloj de la Puerta del Sol aún deben resonar los ecos de las torturas. Lucio muestra sus manos a la vez que obliga a fijar la vista en las cicatrices que le dejaron los cigarros que ahí le apagaban los policías de la brigada política social encargados de extraer, a golpes, confesiones a jóvenes de izquierdas. Y lo conseguían, calibrando los límites del cuerpo humano ante el dolor.
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| Lucio de la Nava, otra de las víctimas que apoya la querella argentina contra el franquismo. PÚBLICO |
De este modo, cuando el acusado llegaba ante el juez, firmaba lo que fuera con tal de no volver a las dependencias de la policía franquista. Sobre Lucio y sus once compañeros de expediente recayeron varias acusaciones en el consejo de guerra sumarísimo que les juzgó el 20 de octubre de 1962: asociación ilícita, bandidaje y terrorismo. Ninguna pudo probarse.
Fueron detenidos entre agosto y septiembre de 1962 tras la explosión de un artefacto en el Valle de los Caídos que no ocasionó daños. La bomba no la puso ninguno de los doce, pero uno de ellos, Francisco Sánchez Ruano, ya fallecido, guiaba a unos turistas franceses y americanos en el recinto de Cuelgamuros ese mismo día. "Él ya estaba identificado como un librepensador porque hizo la mili con un infiltrado de los servicios de información militar del franquismo", detalla Lucio. "Hablaba bien francés, y solía hacer intercambios culturales entre España y Francia".
El día que explosionó el artefacto, sólo hizo falta que Sánchez Ruano estuviera allí. "Cerraron el recinto, les identificaron y a él lo acusaron de haber puesto la bomba", esclarece Lucio.
Sánchez Ruano fue condenado a 28 años –cumplió once– en el mismo consejo de guerra que dictó ocho años para Lucio –cumplió dos y medio– y otras condenas de entre 12 y 8 años para el resto de integrantes del expediente. En 2004, Sánchez Ruano trató de revisar su sentencia después de que Antonio Martín y Paul Denais, militantes anarquistas, se identificaran como los responsables de la bomba en el Valle de Cuelgamuros. Acudió al Supremo con los dos autores materiales de los hechos, pero el Alto Tribunal rechazó su petición en 2006.
Lucio y sus compañeros estaban vinculados a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). "La intención del régimen era demostrar que era fuerte y que no permitía movimientos que contradijeran sus posturas", opina. La teoría que este militante antifranquista mantiene hoy en día para explicar cómo fueron cayendo sus compañeros es la que asegura que un infiltrado de los servicios de información les delató a todos, ya que "un día desapareció [el infiltrado], y a partir de ahí comenzaron las detenciones". Con esta persona que supuestamente trabajaba para la dictadura, Lucio y otros jóvenes elaboraron el periódico Libertad, un panfleto de cuatro páginas que editaban por las noches con una multicopista. "Nos servía para denunciar los abusos del régimen".
En la primavera de 1962, solían reunirse en un bar en las cercanías del madrileño puente de Toledo para preparar la ayuda a los trabajadores de las cuencas mineras de Asturias que se disponían a ir a la huelga en abril y mayo de ese año. "Recogíamos dinero en nuestros trabajos y donde podíamos para mandar a las familias de los mineros, porque dos meses sin trabajar y sin cobrar les suponía pasar mucha hambre".
De aquella estancia en la DGS, Lucio conserva los problemas de audición provocados por un golpe en los oídos propinado por el jefe de la brigada. "Me destrozó los tímpanos y desde entonces no oigo bien; me han tenido que operar varias veces", lamenta.
El consejo de guerra que les condenó comenzó con escasas garantías. Su abogado defensor –un militar que escogieron de entre un listado– les aseguró que estaba en contra de defender a los rojos. En su alegato de defensa, se quejó del artículo que se les habían aplicado para determinar las penas, alegando que existía otro por el que se les podían dictar más años de cárcel. "Nos preguntó que por qué le habíamos elegido a él, que le habíamos hundido la carrera".
La sentencia no concretó el delito y dejó dudas sobre la autoría del mismo: "El párrafo final del testimonio de condena dice que ‘no ha podido probarse que hayan sido autores materiales o intelectuales del hecho que se les acusa, pero por si acaso hubiesen sido, debemos condenar y condenados'".
En los juicios militares del franquismo, probar los hechos no era la cuestión más relevante. En el proceso que condenó a muerte a Granado y Delgado en 1963 por un artefacto que estalló en la DGS sin heridos graves, tampoco se corroboró la autoría.
Según reconoció el propio jefe de los servicios de información de la policía franquista en aquel momento, el general Eduardo Blanco, cabía la posibilidad "de que no hubiesen sido ellos y que hubiera sido cualquier otro grupillo que desapareció o cruzó la frontera", dijo a cámara en un documental de Gomà y Montanyà en 1995. "De lo que yo tengo seguridad es que el consejo de guerra que los juzgó lo hizo en plena conciencia pensando que eran ellos; además, el resto de la policía estaba convencida de que eran ellos porque ligó el explosivo con la captura de unos señores de esta mentalidad que tenían además en su poder unos explosivos. Este razonamiento fue suficiente para la policía, no ahondó más, lo dejó todo para el consejo de guerra y para los militares que tuvieran que juzgarlos", añadió.
Entre los condenados en el mismo expediente de Lucio había una mujer, Francisca Román, para quien dictaron 16 años y cumplió cinco en el penal de Alcalá de Henares. "Hoy sufre Alzheimer y apenas tiene ráfagas cortas de memoria". En el 50 aniversario de su consejo de guerra, el pasado 20 de octubre, se reunieron los supervivientes y fueron a visitar a Francisca. "Aún mantenemos la amistad", apunta Lucio.
Tras un curso de adaptación de tres meses, se incorporó a la central del paso de Extremadura, en Madrid. Duró dos horas en su puesto de trabajo. "A eso de las 10 de la mañana, el jefe me dijo que fuera a la central de Gran Vía para aclarar algo". Allí le enseñaron una carta de la DGS en la que se decía que Lucio era un peligroso terrorista y que podía ocasionar daños en las telecomunicaciones. "Me pagaron un mes y se disculparon por no poder mantenerme en mi puesto de trabajo. Ahí empezó mi calvario".
Con el tiempo, se presentó a otra oposición para la petroquímica de Tarragona. De los nueve puestos convocados, Lucio quedó en el segundo mejor. "Tres días antes de irme, un telegrama urgente me decía que me pasase por las oficinas centrales, en Bilbao". Allí le sacaron una misiva parecida de la DGS en la que hacían responsable a la petroquímica de los actos que Lucio pudiera cometer.
Con rabia contenida se presentó ante el jefe de la Dirección General de Seguridad de entonces. "Tengo que ganarme la vida", le espetó. El policía franquista le contestó que se olvidara de trabajar en ningún puesto técnico, y que le quería ver "picando piedras en las carreteras", según recuerda Lucio. Pero no se cumplió ese augurio, ya que tras realizar un curso de marketing, terminó llevando la dirección regional de ventas de una gran empresa.
Lucio nunca abandonó la militancia antifranquista, y ahora se ha sumando con otros compañeros de su consejo de guerra a la querella argentina contra el franquismo, un proceso judicial que se ha visto interrumpido ante la negativa del ministerio de Exteriores a que la jueza Servini tome declaración por videoconferencia desde Buenos Aires a doce testigos.
Fueron detenidos entre agosto y septiembre de 1962 tras la explosión de un artefacto en el Valle de los Caídos que no ocasionó daños. La bomba no la puso ninguno de los doce, pero uno de ellos, Francisco Sánchez Ruano, ya fallecido, guiaba a unos turistas franceses y americanos en el recinto de Cuelgamuros ese mismo día. "Él ya estaba identificado como un librepensador porque hizo la mili con un infiltrado de los servicios de información militar del franquismo", detalla Lucio. "Hablaba bien francés, y solía hacer intercambios culturales entre España y Francia".
El día que explosionó el artefacto, sólo hizo falta que Sánchez Ruano estuviera allí. "Cerraron el recinto, les identificaron y a él lo acusaron de haber puesto la bomba", esclarece Lucio.
Sánchez Ruano fue condenado a 28 años –cumplió once– en el mismo consejo de guerra que dictó ocho años para Lucio –cumplió dos y medio– y otras condenas de entre 12 y 8 años para el resto de integrantes del expediente. En 2004, Sánchez Ruano trató de revisar su sentencia después de que Antonio Martín y Paul Denais, militantes anarquistas, se identificaran como los responsables de la bomba en el Valle de Cuelgamuros. Acudió al Supremo con los dos autores materiales de los hechos, pero el Alto Tribunal rechazó su petición en 2006.
Lucio y sus compañeros estaban vinculados a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). "La intención del régimen era demostrar que era fuerte y que no permitía movimientos que contradijeran sus posturas", opina. La teoría que este militante antifranquista mantiene hoy en día para explicar cómo fueron cayendo sus compañeros es la que asegura que un infiltrado de los servicios de información les delató a todos, ya que "un día desapareció [el infiltrado], y a partir de ahí comenzaron las detenciones". Con esta persona que supuestamente trabajaba para la dictadura, Lucio y otros jóvenes elaboraron el periódico Libertad, un panfleto de cuatro páginas que editaban por las noches con una multicopista. "Nos servía para denunciar los abusos del régimen".
En la primavera de 1962, solían reunirse en un bar en las cercanías del madrileño puente de Toledo para preparar la ayuda a los trabajadores de las cuencas mineras de Asturias que se disponían a ir a la huelga en abril y mayo de ese año. "Recogíamos dinero en nuestros trabajos y donde podíamos para mandar a las familias de los mineros, porque dos meses sin trabajar y sin cobrar les suponía pasar mucha hambre".
Un consejo de guerra sumarísimo en 1962
Tras pasar siete días detenido en la DGS, "con una media de unas cinco palizas diarias", Lucio pasó a disposición judicial. Tenía 22 años. Pensó, al verse delante del juez, que podría relatarle el calvario padecido y su versión de los hechos. "Le conté que me habían torturado, y él cogió un flexo y me pegó en la cabeza a la vez que me decía que tenían que haberme matado". Las palabras que pronunció el juez a continuación, Lucio las recuerda con claridad: "Hizo pasar a los policías de la brigada político social y les dijo, ‘llévense a este elemento de nuevo a la DGS, suavícenlo convenientemente y cuando hayan terminado me lo traen para que firme'". "No me vi capaz de volver a soportar esas torturas, y firmé en el momento lo que me dieron", concluye.De aquella estancia en la DGS, Lucio conserva los problemas de audición provocados por un golpe en los oídos propinado por el jefe de la brigada. "Me destrozó los tímpanos y desde entonces no oigo bien; me han tenido que operar varias veces", lamenta.
El consejo de guerra que les condenó comenzó con escasas garantías. Su abogado defensor –un militar que escogieron de entre un listado– les aseguró que estaba en contra de defender a los rojos. En su alegato de defensa, se quejó del artículo que se les habían aplicado para determinar las penas, alegando que existía otro por el que se les podían dictar más años de cárcel. "Nos preguntó que por qué le habíamos elegido a él, que le habíamos hundido la carrera".
La sentencia no concretó el delito y dejó dudas sobre la autoría del mismo: "El párrafo final del testimonio de condena dice que ‘no ha podido probarse que hayan sido autores materiales o intelectuales del hecho que se les acusa, pero por si acaso hubiesen sido, debemos condenar y condenados'".
En los juicios militares del franquismo, probar los hechos no era la cuestión más relevante. En el proceso que condenó a muerte a Granado y Delgado en 1963 por un artefacto que estalló en la DGS sin heridos graves, tampoco se corroboró la autoría.
Según reconoció el propio jefe de los servicios de información de la policía franquista en aquel momento, el general Eduardo Blanco, cabía la posibilidad "de que no hubiesen sido ellos y que hubiera sido cualquier otro grupillo que desapareció o cruzó la frontera", dijo a cámara en un documental de Gomà y Montanyà en 1995. "De lo que yo tengo seguridad es que el consejo de guerra que los juzgó lo hizo en plena conciencia pensando que eran ellos; además, el resto de la policía estaba convencida de que eran ellos porque ligó el explosivo con la captura de unos señores de esta mentalidad que tenían además en su poder unos explosivos. Este razonamiento fue suficiente para la policía, no ahondó más, lo dejó todo para el consejo de guerra y para los militares que tuvieran que juzgarlos", añadió.
Entre los condenados en el mismo expediente de Lucio había una mujer, Francisca Román, para quien dictaron 16 años y cumplió cinco en el penal de Alcalá de Henares. "Hoy sufre Alzheimer y apenas tiene ráfagas cortas de memoria". En el 50 aniversario de su consejo de guerra, el pasado 20 de octubre, se reunieron los supervivientes y fueron a visitar a Francisca. "Aún mantenemos la amistad", apunta Lucio.
La represión laboral
Tras cumplir condena, se sucedieron unos episodios en la vida de Lucio que aún hoy rememora con los ojos hundidos en lágrimas. Las torturas y los dos años y medio de condena injusta dieron paso a los problemas para acceder a un puesto de trabajo. "Estudié oficialía industrial, y cuando salí de prisión aprobé unas oposiciones de Telefónica para cambiar las antiguas centrales de telefonía".Tras un curso de adaptación de tres meses, se incorporó a la central del paso de Extremadura, en Madrid. Duró dos horas en su puesto de trabajo. "A eso de las 10 de la mañana, el jefe me dijo que fuera a la central de Gran Vía para aclarar algo". Allí le enseñaron una carta de la DGS en la que se decía que Lucio era un peligroso terrorista y que podía ocasionar daños en las telecomunicaciones. "Me pagaron un mes y se disculparon por no poder mantenerme en mi puesto de trabajo. Ahí empezó mi calvario".
Con el tiempo, se presentó a otra oposición para la petroquímica de Tarragona. De los nueve puestos convocados, Lucio quedó en el segundo mejor. "Tres días antes de irme, un telegrama urgente me decía que me pasase por las oficinas centrales, en Bilbao". Allí le sacaron una misiva parecida de la DGS en la que hacían responsable a la petroquímica de los actos que Lucio pudiera cometer.
Con rabia contenida se presentó ante el jefe de la Dirección General de Seguridad de entonces. "Tengo que ganarme la vida", le espetó. El policía franquista le contestó que se olvidara de trabajar en ningún puesto técnico, y que le quería ver "picando piedras en las carreteras", según recuerda Lucio. Pero no se cumplió ese augurio, ya que tras realizar un curso de marketing, terminó llevando la dirección regional de ventas de una gran empresa.
Lucio nunca abandonó la militancia antifranquista, y ahora se ha sumando con otros compañeros de su consejo de guerra a la querella argentina contra el franquismo, un proceso judicial que se ha visto interrumpido ante la negativa del ministerio de Exteriores a que la jueza Servini tome declaración por videoconferencia desde Buenos Aires a doce testigos.
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